Cortejo fúnebre en Chichigalpa, Nicaragua, de un hombre fallecido por Insuficiencia Renal Cr{onica. Foto: Carlos Herrera.
La más reciente investigación publicada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston es la última alerta que el Gobierno de Nicaragua debería escuchar para hacer frente de una vez, y con firmeza, a la mortal epidemia de Insuficiencia Renal Crónica (IRC) que se ha cebado con la vida de más de tres mil personas en el Occidente del país, concretamente en el municipio de Chichigalpa.
Este estudio, por primera vez, establece un vínculo entre la extenuante labor en las plantaciones, las duras condiciones de trabajo, y la disminución en la función normal del riñón entre los obreros que bregan largas jornadas durante el corte de la caña. Hasta ahora esta era una de las hipótesis manejadas por los investigadores, pero no había sido probada. El resultado del estudio –publicado en inglés en la Revista Internacional de Salud Ocupacional y Ambiental– le da parte de la razón a los miles de ex trabajadores de la caña y de los familiares de quienes han muerto por esta enfermedad en Occidente, que desde hace años reclaman la atención de las autoridades y culpan a los ingenios por las pésimas condiciones de trabajo a las que los lanzan durante la temporada de cosecha de la caña. Y que ellos aceptan por estar condenados por la necesidad de un trabajo, de alimentar a sus familias.
Ahora ellos tienen un instrumento científico para argumentar ante el Ejecutivo de Daniel Ortega, que les ha dado la espalda. O peor, que ha respondido a sus justas demandas con plomo, tal y como sucedió en enero de 2014, cuando la Policía Nacional reprimió con dureza una protesta que ex cortadores de caña mantenían en la entrada del Ingenio San Antonio, el mayor productor de azúcar del Occidente de Nicaragua. En esa represión murió Juan de Dios Cortés, de 48 años. En esa represión resultó herido con una bala en la cabeza el niño José Ignacio Balladares Méndez, Nachito, de 14 años, que ahora ha quedado en silla de ruedas, sin poder hablar y con espantosos dolores que no lo dejan descansar.
Es obligación de un gobierno garantizar el bienestar de su gente, y más si ese gobierno se autodenomina “solidario”. El Estado no puede renunciar, frente a poderosos intereses de grandes grupos económicos, a exigir a las empresas que garanticen las condiciones humanas básicas para sus trabajadores. Mientras el comandante Ortega se tomaba fotos en Managua con los representantes del gran capital, entre ellos el patriarca del Grupo Pellas, Carlos Pellas, mientras sellaba el pacto entre ese gran capital y su gobierno “cristiano, socialista y solidario”, en Chichigalpa los hombres seguían muriendo, el cementerio local se llenaba de cadáveres, hombres jóvenes muertos a falta de un riñón. Yo mismo los vi dar sus últimos estertores. Yo vi cómo sus mujeres –indefensas, vulnerables, abandonadas– lloraban sobre sus cadáveres. Yo vi como sus huérfanos temblaban sin entender qué es lo que pasaba. Escuché sus historias desesperadas, su afán de buscar una salida para detener a la muerte, su valentía, las ganas de luchar por lo que consideran justo. Presencié a unas autoridades desconcertadas ante tremenda tragedia, el alcalde del Frente Sandinista en Chichigalpa que, con toda honestidad me dijo que lo único que puede hacer es repartir ataúdes para los fallecidos.
Los resultados de este estudio deben llevar al Gobierno a serias inspecciones en las plantaciones de caña, en las instalaciones de los ingenios azucareros, y exigir a sus dueños que cumplan con la implementación de los derechos de los trabajadores, pero también establecer responsabilidades si no se han cumplido esos derechos. Son más de tres mil muertos por IRC, la mayoría de ellos hombres, muchísimos jóvenes. Hasta ahora Daniel Ortega, su esposa, y su Gabinete se han mostrado indolentes y las autoridades sanitarias han manejado de forma ineficiente este problema. Lo único que he obtenido de ellos es un escandaloso silencio. ¿Qué más esperan para actuar? ¿Cuántos hombres deberían seguir muriendo? ¿Por qué no responde a esta tragedia, Comandante Ortega?
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